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https://orcid.org/0009-0008-9745-7993

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ANÁLISIS SOBRE LA PRUEBA DIGITAL EN LA JUSTICIA CIVIL

LATINOAMERICANA: UNA REVISIÓN SOBRE CHATS Y VIDEOS

USADOS EN JUICIOS DE ECUADOR, CHILE Y ARGENTINA

ANALYSIS OF DIGITAL EVIDENCE IN LATIN AMERICAN CIVIL

JUSTICE: A REVIEW OF CHATS AND VIDEOS USED IN TRIALS IN

ECUADOR, CHILE, AND ARGENTINA

Miguel Sebastián Martínez Rojas¹, Carlos David Coello Jácome²

{antoniocalderon1965.ac@gmail.com¹, ccoello@unibe.edu.ec²}

Fecha de recepción: 20/05/2026

/ Fecha de aceptación: 04/06/2026

/ Fecha de publicación: 09/06/2026

RESUMEN: El artículo que se presenta estudia y analiza la aceptación, reconocimiento y

valoración de las pruebas digitales en el derecho procesal; siendo principalmente los chats y

videos los sujetos de estudio, esto con un enfoque en procesos civiles en los ordenamientos

jurídicos de Ecuador, Chile y Argentina. El creciente globalismo y el desarrollo tecnológico

resulta factores determinantes en la teoría general de la prueba, de modo que, es necesario

cuestionarse como se han adaptado las legislaciones a estos fenómenos, abordando en este

trabajo un estudio del COGEP en el Ecuador, La Ley 19.799 en Chile y el CPCCN en Argentina. Al

efecto, el presente formula un estudio sistemático, comparado con un enfoque cualitativo-

dogmático, a través del cual se examinan cuáles son los distintos criterios de autenticidad y

cómo se configura la carga de la prueba en los ordenamientos analizados. Los resultados que

se han obtenido revelan que existe una barrera jurídica, que se encuentra en medio del

reconocimiento de lo que se denomina la “equivalencia funcional” y las competencias de los

juzgadores al valorar la prueba digital (metadatos). Se concluye que es indispensable una

reforma procesal o la adopción de protocolos unificados que doten a los operadores de justicia

de herramientas técnicas claras para superar dicha barrera; lo que garantizará la seguridad

jurídica dedicada a la práctica de la prueba digital.

Palabras clave: Prueba digital, WhatsApp, proceso civil, derecho comparado, valoración

probatoria, derecho procesal civil

ABSTRACT: The article presented studies and analyzes the acceptance, recognition, and

evaluation of digital evidence in procedural law, with chats and videos being the primary

subjects of study, focusing on civil proceedings within the legal systems of Ecuador, Chile, and

Argentina. Growing globalism and technological development have become determining

¹Maestrante en Derecho con mención en Derecho Procesal, Universidad Iberoamericana del Ecuador (UNIBE),

²UNIBE Universidad Iberoamericana del Ecuador-Quito, https://orcid.org/0009-0008-7752-1417

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factors in the general theory of evidence; thus, it is necessary to question how legislations have

adapted to these phenomena, addressing in this work a study of the COGEP in Ecuador, Law

19.799 in Chile, and the CPCCN in Argentina. To this end, this paper formulates a systematic,

comparative study with a qualitative-dogmatic approach, through which the different criteria

of authenticity are examined, as well as how the burden of proof is configured in the analyzed

legal systems. The results obtained reveal that a legal barrier exists between the recognition of

what is termed "functional equivalence" and the competencies of judges when evaluating

digital evidence (metadata). It is concluded that a procedural reform or the adoption of unified

protocols is essential to provide justice operators with clear technical tools to overcome this

barrier; this will guarantee legal certainty regarding the production of digital evidence.

Keywords: Digital evidence, WhatsApp, civil process, comparative law, evidentiary assessment,

civil process law

INTRODUCCIÓN

La prueba como núcleo determinante del Estado de Derecho y el eje fundamental de todo sistema

procesal, se ha configurado históricamente como el mecanismo clave para alcanzar la verdad

procesal. Por el contrario, la búsqueda de la realidad física, se centra según Rocha (1), por tres

fuentes: la metafísica, por las ideas puras; la verdad física, la cual, está determinada por la

percepción de los sentidos corporales; y, la verdad histórica, esto por las complejas y distintas

relaciones interpersonales. Siendo así la inteligencia, los sentidos físicos y las relaciones sociales

las determinantes del así llamado conocimiento.

La eficacia de la actividad procesal es llevar al juez al convencimiento de los hechos. Es así que,

en los procesos civiles esta eficacia llevada a cabo, en su mayoría, dentro del sistema judicial,

muchas veces no se ve determinada únicamente por la verdad material, sino en la capacidad de

las partes de aportar las pruebas, como también en la capacidad de conocer las reglas del proceso

judicial, que transforma la prueba en una certeza jurídica, lo que, se evolucionará en una decisión

justa y con una motivación adecuada.

Una distinción importante a este punto anterior es el que Gascón menciona que el recurso de la

prueba que busca determinar los “hechos probados” están determinados por lo que se pretende

afirmar, la verdad no de hechos sino de enunciados sobre hechos (2). En este particular, la verdad

que nos atañe es la verdad como propiedad de ciertos enunciados que serán probados dentro del

proceso.

El profesor Hernando Devis Echandía bien ilustró sobre la prueba, su finalidad social y técnica, la

cual, está establecida no sólo para resolver un caso que sea específico sino más bien que esta

llegue a garantizar una justicia equitativa en verdad (3). Bajo esta perspectiva, el sistema judicial

contemporáneo evalúa la prueba digital para que las partes desarrollen y practiquen.

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Sin perjuicio de esto, bajo la lupa de la doctrina tradicional de verificación fáctica de un hecho,

estaba modelado para una visión de soportes físicos y analógicos como el papel. Por lo que, el

punto de quiebre es la irrupción de las tecnologías de la información, a partir del siglo XXI;

rompiendo la lógica tradicional, ya que, a diferencia de la documentación analógica o física, posee

una naturaleza inmaterial, lo que, a simple vista puede desafiar el concepto de integridad de la

prueba. La tecnología vino como herramienta de recolección de información de toda índole. Esta

información se busca utilizar dentro de un proceso para demostrar y verificar hechos sucedidos,

mismos que se encuentran detallados en las pretensiones de las partes. Es así como, juristas como

Pino (4), sostiene que los medios probatorios; son: volátiles, intangibles, delebles, parciales e

intrusivos. Esto nos demuestra una vulnerabilidad intrínseca, ya que no han determinado

aspectos fundamentales para detectar la facilidad de alteración sin dejar un rastro en el proceso

judicial.

En el caso ecuatoriano, con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos en el

año 2016, junto con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,

formaron parte del avance formal hacia la era de la prueba digital en el Ecuador. Esta legislación

contribuyó a la regulación de la prueba electrónica, donde aún existe una grieta importante en

cuanto a la autenticidad de la prueba. Si bien esta legislación tiene criterios de admisibilidad de

la prueba, como es la pertinencia, utilidad y conducencia, lo que no se tiene son protocolos claros

para certificar o autenticar la veracidad de la misma, mismos estándares que dirijan al juzgador

en la valoración de la integridad de esos mensajes de datos. La carencia técnica se desencadena

en una posible inseguridad jurídica, principalmente porque la “sana crítica” se vuelve insuficiente

por ser aplicada muchas veces sin el sustento de un perito que valide la integridad de la prueba

digital.

Frente a esta realidad, el doctrinario Román Quichimbo (5) mediante un análisis comparado

identifica posibles soluciones implementadas en la región. Es así como en Argentina, ya se dio un

adelanto de la diferente trazabilidad de la prueba digital, donde los protocolos llevados a cabo en

la cadena de custodia digital han marcado un punto clave en la garantía de la validez de las

pruebas electrónicas ante los tribunales. Bajo esta perspectiva legal, donde se diferencia varios

vacíos normativos en cada legislación, surge la necesidad de estudiar la manera en las que las

legislaciones han manejado la introducción de las pruebas digitales en los nuevos soportes

informáticos. Por lo tanto, el presente artículo científico tiene por objetivo general analizar, desde

una perspectiva de Derecho Comparado, si las normas procesales han previsto la incorporación

de medios probatorios de carácter digital (chats y videos) y si se han delimitado los elementos

necesarios para su adecuada incorporación y práctica en los procesos judiciales de orden civil,

enfocándose el análisis en las legislaciones de Ecuador, Chile y Argentina.

Los objetivos específicos se centran en identificar los requisitos de admisibilidad de los medios de

prueba, con énfasis en los que pueden estar contenidos en chats y videos e identificar si existen

reglas probatorias específicas para la incorporación y valoración de pruebas electrónicas,

comparando los estándares propuestos en cada jurisdicción analizada.

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MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo de un tipo jurídico comparativo. Al efecto

se ha desarrollado el estudio sobre la base del método interpretativo-hermenéutico dedicado a

los bloques de legalidad nacionales, doctrina y revisión de fallos judiciales de distintas Cortes,

siendo una investigación de corte dogmático-legal.

En el presente estudio no se contempla al indicador humano como una característica

cuantificable, debido a la naturaleza documental-descriptiva. En este sentido, se estudia la

legislación comparada que es motor inicial para la determinación de resultados.

Técnicas e instrumentos

La técnica principal utilizada fue la revisión documental y bibliográfica especializada, aplicada al

análisis de legislación nacional y comparada, doctrina procesal, artículos científicos,

jurisprudencia y estudios académicos relacionados con la prueba digital y el derecho procesal

civil. Esta técnica permitió recopilar, organizar e interpretar información jurídica relevante para

el desarrollo del análisis comparativo.

De manera complementaria, se empleó la técnica de análisis jurisprudencial mediante la revisión

de sentencias emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador, la Corte Suprema de Chile y

tribunales argentinos, con la finalidad de identificar criterios judiciales relacionados con la

autenticidad, valoración y eficacia de la prueba electrónica dentro de los procesos judiciales.

El universo documental y la delimitación de la muestra se estructuró en base a los criterios de

selección de derecho comparado funcional. Ecuador, Chile y Argentina como unidades de análisis

se fundamentan en el criterio de representatividad y diferencias regulatorias establecidas en el

Cono Sur y Región Andina. Ecuador, responde al modelo genérico de equivalencia funcional, pero

con un vacío operativo. Chile por su parte, destaca su sistema basado en la diferencia de la Firma

Electrónica Simple y Avanzada; mientras que, en Argentina, ofrece un nuevo marco operativo

gracias a las normas de vanguardia del PGA.

Respecto a la delimitación temporal de la jurisprudencia y doctrina que se ha analizado, se ha

determinado un horizonte de estudio calendarizado, entre los años 2001 y 2026. Este periodo es

debidamente justificado ya que abarca desde la expedición de las primeras leyes de firma digital

y comercio electrónico, así como los recientes avances gracias a la jurisprudencia de altas cortes

en el año 2025. Los parámetros normativos exactos que configuran la muestra documental

corresponden a los bloques de legalidad procesal civil general que se encuentran actualmente

vigentes. Específicamente, en el caso ecuatoriano, se examinó el Código Orgánico General de

Procesos y la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; respecto de

Chile, se analizó la Ley N.º 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios

de Certificación de dicha Firma, junto con el Código de Procedimiento Civil; mientras que, en

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Argentina, se revisaron las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el

Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N.º 25.506.

Asimismo, el estudio incorporó doctrina especializada desarrollada por autores latinoamericanos

y europeos en materia de prueba electrónica, documento digital, valoración probatoria y derecho

procesal tecnológico, con la finalidad de fortalecer el análisis crítico y doctrinal de las

problemáticas identificadas en cada legislación comparada.

RESULTADOS

3.1.

Análisis comparado: El Mapeo de legislaciones

3.1.1 La Equivalencia funcional en las legislaciones de la región

En Ecuador, en el artículo 202 del COGEP, establece la naturaleza y condición jurídica de los

documentos digitales, es así que, en un proceso judicial a la materialización notarial, se puede

llegar a considerar como original. Sin perjuicio de esto, la crítica principal por parte de la academia

surge en virtud de que este proceso notarial. La fe notarial únicamente puede determinar lo que

él o ella ve a través de una pantalla, pero no puede dar fe que ese mensaje haya sido modificado,

alterado o si el remitente es alguien distinto.

Tabla 1. Comparativa técnica de la admisibilidad y valoración de la prueba electrónica.

Criterio de Análisis

Admisibilidad Principal

Ecuador (COGEP)

Equivalencia

amplia

Chile (Ley 19.799)

funcional Binario (firma electrónica Documento electrónico

avanzada / simple) genérico

Sana Crítica (Rol 10.851- Sana crítica (Prudencia

Argentina (CPCCN)

Criterio de Valoración

Uso de notarios

Sana Crítica (estándar CCE)

2024)

extrema)

Materialización frecuente

Constatación

exhibición

de Acta de constatación de

soporte

Riesgo Procesal

Motivación

aparente/suficiente

Premisa basal errónea Nulidad por manipulación

(pericial) de bits

3.1.2 Régimen Normativo de la Prueba Digital aplicado en Ecuador

La equivalencia funcional es la parte fundamental sobre el cual, dentro de las legislaciones

estudiadas y analizadas, autorizan el ingreso de la prueba electrónica en los procesos civiles. Es

así como en el caso ecuatoriano, se encuentra establecida en el artículo 202 del COGEP, que

menciona la fuerza probatoria que tienen los documentos producidos electrónicamente. Sin

perjuicio de esto, se puede observar una diferencia y limitación frente a la legislación comparada,

como lo es en la Ley 19.799 de Chile ya que, a diferencia del caso ecuatoriano, ésta introduce una

jerarquía entre la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. La distinción en sí no

es de mera terminología, sino que, como se puede observar en la ley, le agrega integridad a la

firma avanzada, la cual, “traslada la carga de la prueba a la parte que la impugna”, este sistema

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de seguridad aún no se lo ha logrado institucionalizar en el sistema ecuatoriano en documentos

generales como chats y/o correos.

La prueba en el contexto jurídico ecuatoriano; y en general, nace como una necesidad de hacer

completamente palpable algo que se afirma o pretende. Esto con el fin de llevar al

convencimiento al juez de los hechos materiales, y bajo una sana criticar discernir entre la verdad

objetiva y subjetiva. En el Ecuador, la legitimación de la prueba electrónica se dio mediante la

“Ley de Comercio Electrónico” (6) donde se mencionan a los mensajes de datos como prueba

electrónica.

Es importante destacar la aportación base de la “Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas

y Mensajes de Datos” (6), que en su artículo 2 y en el glosario de la Ley se establece que los

mensajes de Datos tienen el mismo peso jurídico que los documentos escritos; y, los mensajes de

datos son:

“Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida,

comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por cualquier

medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta enumeración limite su

definición, los siguientes: documentos electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico,

servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio electrónico de datos.”

En este sentido para que dichos mensajes de datos sean considerados como documentos

originales deben reunir requisitos establecidos en sus artículos 7 y 8, y son: “(i) que sean

accesibles para una consulta posterior; (ii) que se conserve en el formato en el cual fue entregado

o en el formato que más se demuestre que la información es exacta; (iii) que permita revisar

fecha, lugar y hora de creación y envío; (iv) que se mantenga la información inalterada salvo por

algunos cambios de forma.” (6)

Sin perjuicio de esto, se debe destacar los medios probatorios, determinados como un esquema

de libertad probatoria, donde se permiten pruebas que no contraríen el ordenamiento jurídico.

Por lo que, dentro del Código Orgánico General de Procesos se presentan estructurados de la

siguiente manera:

Tabla 2. Medios de Prueba en la legislación de Ecuador.

Medios de Prueba

Prueba Testimonial

Descripción

Art. 174: Es la declaración que rinde Se la practica en la Audiencia de Juicio,

una de las partes un tercero incluye la declaración de parte, se la

directamente por sus sentidos.

Práctica Procesal

o

práctica mediante interrogatorio y

contrainterrogatorio

Prueba Documental

Art. 193: Documento público o privado Se lo exhibe, y lee públicamente en la

que contenga un hecho, o constituya parte pertinente Puede ser físico o

un derecho.

electrónico “desmaterializado”.

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Prueba Pericial

Art. 221: Profesional con conocimiento El perito sustenta todo su informe en

científico que informa sobre los la correspondiente audiencia donde se

hechos de la controversia.

someterá al interrogatorio de las

partes.

Inspección Judicial

Art. 228: El juez podrá verificar los Verificación o constatación de un lugar

hechos de considerarlo necesario, o documento

sobre lugares cosas o documentos

El propio COGEP también menciona que los medios probatorios deben cumplir con criterios de

Pertinencia, Utilidad y Conducencia. La Pertinencia es esa conexión lógica entre el medio de

prueba y los hechos alegados; la Utilidad es la capacidad de la prueba para aportar algo nuevo,

como ese elemento de convicción que lleve al convencimiento del juez; y, la Conducencia es la

idoneidad del medio probatorio para que se considere como legal.

En esta línea de ideas, debemos entender un aspecto fundamental que es imperativo con la

prueba digital, la cual, se encuentra en el art. 160 del COGEP, el cual, en concordancia con el art.

76 numeral 4 de la Constitución del Ecuador, se menciona que las pruebas que sean obtenidas de

manera ilegal o actuadas con violación a la constitución no tendrán validez y carecerán de fuerza

probatoria. Así menciona Sacoto en el contexto de la obtención de correos, chats de WhatsApp,

sin consentimiento o sin una orden judicial se los podría considerar para la exclusión en el

proceso, tal como se menciona en la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones (7).

La prueba digital también podría ser certificada no sólo con el peritaje, más bien, las operadoras

de telefonía como Claro, Movistar, CNT, gracias a “Resoluciones de la Agencia de Regulación y

Control de las Telecomunicaciones” (8) (ARCOTEL), dan la facultad para certificar que una persona

está ligada a un número de teléfono, así como proporcionar el registro de llamadas, también

llamado CDR bajo orden judicial. Por lo que, lo más idóneo sería combinar la certificación de la

operadora telefónica complementado con un peritaje de la prueba digital adjunta al proceso.

3.1.3

Régimen normativo de firma electrónica simple y avanzada en chile

El ordenamiento jurídico chileno regula la prueba digital, principalmente en la Ley 19.799,

Fernández (9), menciona sobre el Documento Electrónico (D.E.) dentro de los procesos judiciales

lo siguiente: “Su regulación se inserta marginalmente dentro de la Ley 19.799 ya que el grueso de

la regulación contenida en ella apunta al uso de la Firma electrónica (en adelante F.E.), la firma

electrónica avanzada (en adelante F.E.A.), el uso de la F.E por parte de la Administración y los

prestadores de los servicios de certificación (P.S.C.). Todos estos aspectos se relacionan con el

D.E. pero solamente en el sentido de que la presencia de la F.E. (tanto la "avanzada" y la F.E. "a

secas") dota de ciertos efectos jurídicos al D.E. Sin embargo, aparte de dotarlo de validez jurídica

nos señala un concepto de éste, el cual a continuación desentrañaremos. En particular los

artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 19.799.”

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La parte fundamental de la Ley Chilena; y, lo que marcó el punto de inflexión para la prueba digital

fue su artículo 3 que menciona: “Artículo 3º.- Los actos y contratos otorgados o celebrados por

personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma

manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel.

Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que los

mismos consten de ese modo, y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias

jurídicas cuando constan igualmente por escrito.” (10).

La jurisprudencia chilena ha consolidado progresivamente criterios relacionados con la valoración

de la prueba electrónica bajo las reglas de la sana crítica. Un ejemplo reciente corresponde a la

sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Suprema de Chile dentro de la causa Rol N.º

10.851-2024, caso “E-Digital Chile S.A. con IDS SpA”, publicada el 3 de abril de 2025, en la cual se

discutió el incumplimiento contractual derivado de servicios de marketing digital y la valoración

de antecedentes electrónicos incorporados al proceso. En dicha decisión, la Corte Suprema

ratificó la facultad de los jueces de instancia para valorar la prueba pericial y documental

electrónica conforme a las reglas de la sana crítica previstas en el artículo 425 del Código de

Procedimiento Civil chileno, señalando que la apreciación de los antecedentes técnicos debe

efectuarse considerando criterios de gravedad, precisión, concordancia y multiplicidad de las

pruebas rendidas (Poder Judicial de Chile, 2025).

3.1.4 Régimen normativo de prueba digital en argentina

La incorporación de la Ley que regula la prueba Digital en Argentina se encuentra normada en la

Ley No. 25.506 (11) de Firma Digital, así como en las normas reguladas en el Código Procesal Civil

y Comercial de la Nación (CPCCN). Principalmente en su artículo 378, lo cual dicta: “La prueba

deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga,

a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los

litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba

no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes

o, en su defecto, en la forma que establezca el juez.”.

El avance importante a nivel operativo en Argentina se encuentra en el Protocolo General de

Actuación, ratificado en el año 2023, (PGA 2023), el cual, establece reglas más estratégicas para

el tratamiento digital. Haydée menciona “El PGA 2023 distingue entre el Potencial Elemento de

Prueba (PEP), que es el dispositivo físico (smartphones, PCs), y el PEP Digital, que es la

representación lógica o dato (registros, archivos).” (12).

Finalmente, para la utilización de WhatsApp en procesos judiciales, se debe remitir a lo

establecido en el 387 del CCCN lo cual menciona: “Art. 387. Los instrumentos particulares pueden

estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina

instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre

otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el

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medio empleado, los registros de palabra y de información”. Esto con la finalidad de catalogarlos

como “instrumentos particulares no firmados”.

DISCUSIÓN

4.1. Marco conceptual y la naturaleza de la prueba digital

4.1.1 La prueba electrónica. Transferencia de lo analógico a la representación binaria

La prueba no es sólo un documento tradicional llevado a una pantalla electrónica, sino que otro

tipo de documento con autonomía propia. Para esto Montero menciona que su importancia

radica “en que se trata de un lenguaje binario a través de un sistema que transforma impulsos o

estímulos eléctricos o fotosensibles, y, por cuya descomposición y recomposición informática

grabada en un formato electrónico, genera y almacena en la información” (13).

Esta similitud con la prueba documental física es que, sin lugar a duda, puede corroborar hechos

alegados por las partes, sólo que su única diferencia es el modo de almacenamiento, transmisión

y admisibilidad. Pero primero se debe entender qué es ese detalle del componente electrónico

que rodea la prueba digital. Para esto Montero manifiesta expresamente que más bien se trata

de un “lenguaje binario a través de un sistema que transforma impulsos o estímulos eléctricos o

fotosensibles, y, por cuya descomposición y recomposición informática grabada en un formato

electrónico, genera y almacena en la información” (13).

Como se pudo observar, doctrinariamente, se la ha intentado definir de un modo comprensible;

sin perjuicio de esto, todos los doctrinarios que mencionan algo sobre la prueba digital, tienen en

común lo siguiente: es que su valor probatorio generado, almacenado y reproducido se lo realiza

por medios digitales. Tal como Rivera menciona en su trabajo “La prueba electrónica en el proceso

civil”, que es aquella prueba que guarda información de valor probatorio integrada y transmitida

en un depósito digital, la misma tiene una característica similar a la de un documento físico, pero

con tratamiento digital (14).

La característica adicional que se ha mencionado sobre la prueba digital es que mientras un

documento físico puede desaparecer, un chat, video, imagen, pueden dejar rastros en una

memoria volátil o en alguna nube de almacenamiento, sin perjuicio de que pueda ser alterada

para que no se pueda determinar alguna huella informática. Por otro lado, Ribeiro (15), afirma

que: “existen tecnológicas que contienen información en dispositivos análogos; y, a su vez, una

subespecie que almacena información en código binario, las cuales se consideran como una

prueba documental electrónica.”

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4.1.2 La dualidad del documento digital: Faz externa y faz interna

Pino sostiene (4) en su obra publiada en la Revista Cultura de la Legalidad que la prueba digital

presenta una estructura compuesta por “una dimensión externa y una dimensión interna, donde

la primera corresponde a los elementos visibles que pueden ser observados directamente por

cualquier persona, tales como capturas de pantalla, conversaciones de mensajería instantánea,

correos electrónicos, fotografías o archivos compartidos dentro de plataformas digitales,

mientras que la dimensión interna comprende aquellos componentes técnicos que no resultan

perceptibles a simple vista, entre ellos los metadatos, registros de creación, historial de

modificaciones, direcciones IP, información de origen y demás datos informáticos vinculados con

la trazabilidad y autenticidad del archivo digital.”

Dentro del plano judicial hay un contraste crítico, principalmente porque los archivos digitales

son, como se ha podido observar, sujetos a alteraciones en su estructura base, a través de varios

sistemas computarizados con inteligencia artificial capaces de modificar conversaciones de

WhatsApp, imágenes, audios o documentos electrónicos. Por lo tanto, es insuficiente el limitarse

únicamente al examen visual de esta prueba digital, ya que no ofrece una adecuada garantía de

veracidad en el juicio.

El problema surge cuando la valoración judicial se limita al contenido visible de la prueba digital

sin verificar técnicamente la estructura interna del archivo, debido a que la facilidad de alteración,

reproducción y falsificación de la información electrónica puede afectar la confiabilidad

probatoria y comprometer la correcta determinación de los hechos dentro del proceso judicial.

La autenticidad de la prueba digital depende de mecanismos técnicos especializados como

peritajes informáticos, análisis de metadatos y verificación de trazabilidad digital, debido a que

estas herramientas permiten detectar alteraciones, identificar inconsistencias y comprobar que

la evidencia electrónica mantiene correspondencia con su contenido original al momento de su

valoración judicial.

El COGEP a pesar de tener más desarrollo procesal en lo análogo, carece fundamentalmente de

lo que es una definición explícita de lo que se conoce como prueba digital y prueba electrónica.

Por lo que, se ha intentado suplir con la necesidad de hacer la debida aclaración mediante la

doctrina y la jurisprudencia. Es así como Reyes (16), en su obra “La prueba digital en los procesos

civiles y su prohibición” menciona que: “en Ecuador, a pesar de que la regulación de la prueba

electrónica se la ha realizado gracias al Código Orgánico General de Procesos, es limitada y poco

clara. Esto genera una aplicación práctica en los litigios civiles. El Código General de Procesos en

el artículo 202 sí menciona el reconocimiento a los documentos electrónicos y digitalizados como

originales para efectos legales”. También menciona lo siguiente:

“[…] no establece criterios específicos para garantizar su pertinencia ni define las condiciones

técnicas necesarias para su admisión. Esto afecta especialmente la valoración de pruebas

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como contratos electrónicos, correos electrónicos y capturas de pantalla, que son cada vez

más frecuentes en los juicios civiles. Esta carencia normativa compromete la capacidad de

los jueces para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa […]”, (16)

Así, revisando el artículo 202 del COGEP constituye un carácter fundamental para entender la

validez de las nuevas formas de documentación de prueba en procesos no penales. El principio

de equivalencia funcional se ve plasmado al mencionarse que los documentos reproducidos

electrónicamente serán considerados como originales. Bajo esta óptica en un proceso civil si se

presenta un correo electrónico con una firma electrónica válida no se lo puede considerar

simplemente como una “copia” sino el documento mismo.

Un vacío regulatorio dentro de estas medidas aplicables a la prueba digital radica en que el Código

Orgánico General de Procesos establece la obligación de conservar el documento original, el cual

puede ser requerido en cualquier etapa procesal; sin embargo, la normativa no determina plazos

específicos ni consecuencias jurídicas frente al incumplimiento de su presentación, incluso en

situaciones donde el original haya sido destruido o resulte de difícil acceso, circunstancia que

genera inseguridad jurídica respecto de la autenticidad, integridad y fiabilidad de la prueba digital

incorporada al proceso.

Frente a esta problemática, la doctrina ha sostenido que la transformación tecnológica ha

obligado al Derecho Procesal a replantear los criterios tradicionales de admisión y valoración

probatoria, especialmente respecto de los documentos electrónicos y demás medios digitales. En

este sentido, Cabezudo Rodríguez sostiene que la evolución tecnológica ha impuesto la necesidad

de adaptar las categorías procesales clásicas a las nuevas formas de producción y conservación

de información digital (17).

Bajo esta misma línea, Guimarães Ribeiro señala que el valor probatorio del documento

electrónico depende directamente de los niveles de seguridad y autenticidad que puedan

acreditarse dentro del proceso, debido a que mientras mayor sea la garantía de integridad y

fiabilidad del documento digital, mayor será el grado de credibilidad jurídica que este podrá

generar ante el juzgador (18).

La Corte Constitucional del Ecuador ya ha mencionado caracteres de admisibilidad para las

pruebas de carácter digital. Como es en la Sentencia 2064-14-EP/21; respecto de un Hábeas data

para impedir la divulgación de fotos íntimas. Principalmente la Corte menciona:

“[…] una conversación que mantienen dos personas concretas, así como los archivos que

contengan datos personales y que se envíen por medio de esta aplicación, en principio

cuentan con una expectativa razonable de privacidad, en razón de que el tipo de espacio,

esto es, la aplicación digital de WhatsApp, está cerrado exclusivamente a esas dos personas

concretas, sin que nadie más pueda ni deba acceder a ese espacio virtual.” (párr. 130)

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Esto nos genera varias interrogantes que debemos configurar para entender el pronunciamiento

de la Corte. Es decir, el hecho de que existan en un chat de una aplicación de mensajería no quita

el hecho de que no son apreciables hasta la práctica de la prueba, lo cual, es riesgoso, ya que, si

tiene información personal o información sensible deban ser restringidos en la audiencia

correspondiente. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano no existe como tal un procedimiento

que permita la admisión o autorización para la utilización de esas pruebas en juicio, en caso de

tener datos personales.

4.1.3 La autenticidad y el proceso más allá que la sola admisión.

La admisión de la prueba digital dentro del proceso judicial no garantiza por sí sola su autenticidad

ni su eficacia probatoria, debido a que la incorporación formal de chats, correos electrónicos,

imágenes o videos debe ir acompañada de mecanismos técnicos que permitan verificar su origen,

integridad y ausencia de alteraciones. Precisamente, uno de los principales problemas de la

prueba electrónica en Ecuador radica en que el sistema procesal reconoce la equivalencia

funcional de los documentos digitales, pero no desarrolla procedimientos específicos orientados

a comprobar técnicamente la autenticidad de la información incorporada al proceso.

Dentro de la práctica judicial ecuatoriana, uno de los mecanismos más empleados para intentar

otorgar validez probatoria a conversaciones de WhatsApp, mensajes de texto o publicaciones

digitales corresponde a la materialización notarial, procedimiento mediante el cual el notario

observa el contenido exhibido en un dispositivo electrónico y levanta un acta dejando constancia

de lo visualizado, aunque la doctrina ha cuestionado reiteradamente la suficiencia de este

mecanismo debido a que la fe notarial únicamente acredita la existencia aparente del contenido

en el momento de la constatación, sin que ello implique una verificación técnica sobre la

autenticidad, integridad o posible manipulación previa del archivo digital, situación que limita su

eficacia frente a evidencias electrónicas susceptibles de alteración mediante herramientas

tecnológicas de edición o modificación.

Esta limitación diferencia claramente la constatación notarial de un verdadero análisis forense

digital. El notario no realiza extracción de metadatos, verificación de hash, análisis de dispositivos

ni comprobación de registros informáticos internos. En consecuencia, aunque el acta notarial

puede servir como elemento de apoyo procesal, no constituye una garantía absoluta de

autenticidad respecto del contenido digital presentado como prueba.

En Chile y Argentina también se utilizan mecanismos de constatación notarial aplicados a

evidencia digital, aunque el análisis comparado evidencia diferencias relevantes entre ambos

sistemas jurídicos, debido a que en Chile la Ley N.º 19.799 fortalece la autenticidad documental

mediante la utilización de firma electrónica avanzada y servicios de certificación acreditados,

situación que reduce parcialmente la dependencia exclusiva de la materialización notarial como

medio de validación probatoria, mientras que en Argentina las actas notariales cumplen

principalmente una función de constatación de existencia del soporte digital sin sustituir la

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necesidad de peritajes técnicos cuando surgen cuestionamientos relacionados con la

autenticidad o integridad de la prueba electrónica presentada dentro del proceso judicial.

Otro mecanismo relevante dentro de la autenticación de evidencia digital corresponde a la

información emitida por las operadoras telefónicas, debido a que en Ecuador empresas como

Claro, CNT y Movistar pueden proporcionar certificaciones relacionadas con titularidad de líneas

telefónicas, registros de llamadas y datos de tráfico de comunicaciones bajo autorización judicial

y conforme a las regulaciones emitidas por ARCOTEL, registros conocidos técnicamente como

CDR (Call Detail Record), los cuales permiten corroborar información objetiva vinculada con

comunicaciones electrónicas, entre ellas fechas, duración de llamadas, números involucrados y

datos relacionados con la actividad comunicacional registrada.

Esta sólida estructura de información blinda la prueba digital dentro del proceso judicial. Un chat

de WhatsApp respaldado por un informe pericial y los registros de cualquier operadora telefónica

autorizada ofrece mayor credibilidad y trazabilidad que una captura de pantalla presentada de

forma aislada. Por este motivo, la autenticidad de cualquier evidencia digital requiere una

valoración conjunta.

El análisis comparado demuestra que los sistemas procesales avanzan hacia modelos donde la

autenticidad de la prueba digital depende de mecanismos técnicos de validación y no únicamente

de la apariencia visual del documento electrónico, evidenciando que la sola incorporación formal

de la prueba resulta insuficiente cuando no existen procedimientos especializados que garanticen

integridad, trazabilidad y fiabilidad dentro del proceso judicial.

4.1.4 La carga de la prueba en la impugnación de la prueba digital.

Uno de los problemas más complejos relacionados con la prueba electrónica consiste en

determinar quién debe demostrar la autenticidad o falsedad de un documento digital cuando

este es cuestionado dentro de un proceso judicial, debido a que los archivos electrónicos pueden

modificarse fácilmente mediante herramientas tecnológicas capaces de alterar conversaciones,

imágenes, audios o documentos sin dejar señales evidentes a simple vista, situación que vuelve

indispensable establecer criterios claros sobre la responsabilidad de acreditar la integridad y

confiabilidad de la evidencia digital presentada ante el juez.

En Ecuador no existe una regulación específica sobre la carga probatoria frente a la impugnación

de prueba digital, razón por la cual, los jueces aplican las reglas generales del COGEP y exigen que

la parte que presenta chats, correos electrónicos o archivos digitales aporte elementos mínimos

que acrediten autenticidad cuando la contraparte cuestiona su origen o integridad.

Esta situación genera importantes dificultades procesales debido a que con frecuencia las partes

presentan únicamente capturas de pantalla sin respaldo técnico adicional, provocando que las

controversias se concentren en alegaciones relacionadas con posibles manipulaciones, ediciones

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o descontextualizaciones del contenido digital, escenario en el cual el peritaje informático

adquiere una relevancia determinante debido a que permite analizar metadatos, historial de

modificaciones, dispositivos de origen y demás elementos técnicos capaces de verificar la

autenticidad e integridad de la evidencia electrónica.

El modelo chileno introduce una característica importante a la carga probatoria. Los documentos

suscritos con firma electrónica avanzada tienen una presunción reforzada de autenticidad e

integridad; esto traslada la obligación de probar la alteración y/o falsedad a la parte impugnante.

Por lo que, esto reduce la incertidumbre procesal en torno a los documentos electrónicos

certificados.

Por otro lado, en Argentina, los tribunales son tajantes con la ponderación de la prueba digital. Es

así como los jueces suelen requerir auditorías o mecanismos adicionales de corroboración técnica

frente a diversas controversias sobre chats, audios o registros electrónicos. Además del criterio

de que la prueba digital no debe valorarse de forma aislada dentro del proceso, sino juntamente

con todos los elementos probatorios.

Este análisis del derecho comparado denota que la carga de la prueba en ecosistemas virtuales

está directamente relacionada al nivel de desarrollo técnico-operativo normativo de cada

jurisdicción. Por eso es que, mientras en Chile se apuesta por la certificación Avanzada, en

Ecuador y Argentina se sigue contando a la práctica de peritajes informáticos y a la valoración

judicial de la sana crítica.

La ausencia de protocolos técnicos uniformes incrementa el riesgo de decisiones judiciales

sustentadas en evidencia insuficientemente verificada, afectando principios esenciales como el

debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa.

4.2

Valoración y Garantías

4.2.1 La sana crítica en el sistema judicial digital

La valoración de la prueba digital dentro de los procesos civiles no puede limitarse únicamente a

la apreciación subjetiva del juzgador, debido a que los documentos electrónicos poseen

características técnicas que requieren conocimientos especializados para determinar su

autenticidad, integridad y fiabilidad. En este contexto, la sana crítica continúa siendo el sistema

de valoración aplicable; sin embargo, su aplicación en materia digital exige que el juez

complemente su razonamiento con elementos técnicos verificables y con criterios científicos que

permitan reducir el margen de error en la apreciación de chats, correos electrónicos, videos o

archivos digitales.

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Bajo esta perspectiva, Hunter Ampuero (19) sostiene que la prueba técnica puede llegar a

“derrotar” a la prueba legal cuando el conocimiento especializado permite demostrar que un

medio probatorio aparentemente válido carece de autenticidad o ha sido alterado digitalmente.

La incorporación de un documento electrónico dentro del proceso judicial no garantiza por sí sola

plena eficacia probatoria, debido a que un examen pericial puede detectar alteraciones en

metadatos, modificaciones de contenido o deficiencias relacionadas con la integridad informática

del archivo, situación que obliga a examinar con mayor rigurosidad la obtención y conservación

de la evidencia digital.

La valoración de la prueba digital exige criterios distintos a los utilizados en documentos

tradicionales, debido a que el juzgador debe verificar aspectos técnicos relacionados con origen

del archivo, trazabilidad de la información, respaldos digitales y conservación de la cadena de

custodia electrónica, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre autenticidad o

confiabilidad del contenido presentado dentro del proceso judicial.

La doctrina relacionada con la prueba electrónica ha reconocido que la información digital posee

un elevado nivel de manipulación no perceptible de manera inmediata, razón por la cual la sola

observación de capturas de pantalla, mensajes electrónicos o conversaciones digitales no genera

convicción judicial suficiente, puesto que la verificación técnica realizada mediante peritajes

informáticos constituye el mecanismo que determina si el contenido corresponde

verdaderamente a su fuente original o si existieron modificaciones posteriores que afecten la

credibilidad y validez procesal de la evidencia incorporada al expediente.

Cuando se aplica la sana crítica en el ecosistema digital, se debe tener en cuenta que la motivación

judicial no puede circunscribirse a la simple apariencia del documento electrónico. El juzgador

debe analizar los componentes técnicos que avalan su inalterabilidad. Al realizar este examen se

blinda su validez y credibilidad procesal. Por lo tanto, el análisis y la prueba técnica de la evidencia

digital se transforman en herramientas importantes para mantener resoluciones debidamente

motivadas, capaces de responder ante desafíos del entrono virtual.

4.2.2 La motivación como estándar de la jurisprudencia en el Ecuador

En este sentido, la Sentencia 1158-17-EP/21 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador,

habla sobre la motivación. Es así como, mediante esta sentencia podemos revisar que, dentro del

contexto de la prueba digital, los juzgadores están en la obligación de explicar de manera

completamente lógica el por qué un video o un chat se lo puede presumir como auténtico. El test

de motivación que la Corte pregona para los juzgadores debe ser tal que no acepte nunca una

captura de pantalla sin analizar los metadatos o sin que exista un peritaje ante la impugnación de

la parte “afectada”, esto puede acarrear la nulidad de la sentencia emitida.

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La corte señala: “para que un auto o sentencia se considere motivado debe contener congruencia

argumentativa que implica que el juez conteste motivadamente, al menos, los argumentos

relevantes alegados por las partes. Así, se debe verificar que el auto o sentencia en cuestión

‘guard[e] la debida relación entre los alegatos vertidos por las partes, los antecedentes de hecho

extraídos de las alegaciones de las partes y las normas jurídicas aplicadas al caso concreto, sobre

las que también se fundamentó su pertinencia para el caso concreto” (20).

El rol del peritaje informático

El peritaje para una prueba documental es importantísimo ya que tiene tres pilares

fundamentales para poder determinarse como tal, esta es la autenticidad, es que el autor sea

quien dice ser, el origen, que la prueba venga de la fuente que menciona; y, la integridad, lo que

significa que no ha sido alterado o modificado por ningún medio. Así lo menciona Jara (21) en su

obra al señalar que:

“El peritaje pide quien necesita una opinión experta, objetiva e independiente sobre un tema

en especial, científico, técnico o artístico. En el caso de los documentos electrónicos en el

área de la informática, electrónica y las comunicaciones, son los conocimientos específicos

en el área técnica y porque no científica, cuando se vuelve necesario desencriptar y analizar

la información”.

El peritaje informático constituye un mecanismo esencial para verificar la autenticidad e

integridad de la prueba digital dentro del proceso judicial, especialmente cuando existen dudas

sobre el origen, veracidad o posibles alteraciones de los archivos electrónicos, debido a que

mediante procedimientos técnicos especializados permite comprobar que la información

presentada corresponde realmente a su fuente original y conserva fiabilidad informática.

El perito acreditado por el Consejo de la Judicatura debe ejecutar procedimientos técnicos

orientados a resguardar la validez de la evidencia digital, entre los cuales se encuentra la

preservación de la fuente original con el propósito de impedir alteraciones posteriores, la

elaboración de una imagen bit a bit que reproduzca de manera exacta el contenido del dispositivo

o archivo examinado, el análisis de metadatos que identifica información técnica relacionada con

fechas, registros de actividad, dirección IP y origen del documento electrónico, así como la

comprobación de la huella digital o valor hash que acredita que el archivo sometido a revisión

mantiene coincidencia con su versión original sin registrar modificaciones posteriores, según Ávila

(Avila, 2024).

El análisis normativo ecuatoriano remarca una idea cada vez más contradictoria: si bien el COGEP

admite los medios probatorios digitales, la norma carece de desarrollo operativo para

preservarlos y valorarlos dentro del proceso civil. La falta de desarrollo, crea un vacío legal que

fomenta la discrecionalidad judicial cuando se aporta prueba digital.

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Aunque resulta incorrecto afirmar que en Ecuador no existen servicios de certificación

electrónica, debido a que la “Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de

Datos” (6) en Ecuador, considera varias entidades certificadoras y prestadores de servicios

vinculados con firmas electrónicas, situación que ha permitido el funcionamiento de entidades

acreditadas como Security Data para la emisión de certificados digitales y la verificación de

estándares relacionados con autenticidad e integridad documental.

La diferencia relevante entre ambos sistemas no radica en la inexistencia de servicios de

certificación en Ecuador, sino en el nivel de desarrollo normativo y técnico aplicable a la

valoración procesal de la prueba digital, debido a que el modelo chileno contiene una regulación

más estructurada respecto de la eficacia jurídica de los documentos electrónicos y de los

mecanismos de certificación vinculados a su autenticidad dentro de los procesos judiciales.

En Chile, la perspectiva de la prueba electrónica era tomada como una norma que necesitaba una

actualización, los juzgadores no admitían ni practicaban la prueba electrónica hasta el 2002.

Como menciona Pinochett (22), los jueces siempre estaban demasiado apegados a la idea de que

todos los documentos debían ser por escrito y físicos; bajo esta premisa, los correos o archivos

digitales, no se los podía admitir. En última instancia después de un proceso largo, se podía

aceptar una vía indirecta para reconocer esa prueba y era mediante lo que se denomina

“Inspección Judicial” o “inspección Personal del Tribunal”.

A diferencia del modelo jurídico chileno, en Ecuador la “Ley de Comercio Electrónico, Firmas

Electrónicas y Mensajes de Datos” (6) otorga validez legal a la firma electrónica, condicionada

principalmente a que garantice la autenticidad, identificación e integridad del mensaje. No

obstante, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano no se han establecido categorías con efectos

diferenciados, por otro lado, en Chile, sí existe una dicotomía procesal entre la Firma electrónica

Simple y Avanzada, otorgándole a esta última una eficacia probatoria adicional; evitando el

requerir un reconocimiento previo al documento.

En este caso, la regulación de la Ley, la cual data al año 2002 se determina como la parte

fundamental de la prueba digital en Chile. Actualmente, tienen tres tipos distintos de firma

electrónica, las que se detallaron anteriormente. Esto demuestra que se ha tomado la opción de

segregar a la firma electrónica para tener resultados jurídicos distintos; dándole un orden más

específico a cada prueba para ser adecuadamente incorporadas a un proceso civil. No se puede

confundir a la Firma electrónica normal con la firma electrónica de los administradores y

prestadores de servicios de certificación (Simple y Avanzada).

Este nuevo tipo de ordenamiento junto con su regulación fueron el punto efectivo para dejar de

lado la “impunidad procesal”. Ahora la carga de impugnar una prueba electrónica o documento

electrónico con firma avanzada recae plenamente en la contraparte o quien la impugna. Sin

perjuicio de esto, es necesario destacar que, toda regla tiene una excepción. El hecho que se

acepte la prueba electrónica con firma electrónica avanzada no quiere decir que pueda sustituir

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los actos que necesitan ser solemnizados físicamente, como lo es una escritura de compraventa,

o los relativos a la comparecencia personal en diversos actos civiles.

El fallo chileno Rol N.º 10.851-2024, caso “E-Digital Chile S.A. con IDS SpA”, resulta clave para

entender cómo se debe evitar una práctica jurídica peligrosa: asumir que la simple presentación

de chats, correos electrónicos o cualquier archivo digital otorga un valor probatorio. Esta

resolución obliga al juzgador a revisar a fondo la prueba digital. Debido a que la prueba digital

puede ser alterada en su contenido, su valoración necesita de un examen riguroso que certifique

originalidad, integridad y trazabilidad. Este caso prioriza la fiabilidad informática de la prueba

electrónica sobre su mera presentación.

En conclusión, la ley 19.799 (10) es la norma madre en Chile que rige para la autenticación de la

prueba electrónica; marcando la distinción entre la firma electrónica avanzada. Sin perjuicio de

esto, para los Chats de Whatsapp no tienen esta característica, en virtud de esto, se los ingresa a

los procesos judiciales, pero como instrumentos privados.

Rigorismo técnico y eficacia probatoria: Mecanismos e instrumentos de control técnico de la

evidencia.

A diferencia del ordenamiento jurídico ecuatoriano, donde la falta de control en los protocolos

de soporte digital tras el escaneo de un documento es un problema constante, la normativa

argentina sí se prevé esta situación. Actualmente, el verdadero desafío en la legislación argentina

se encuentra en que estas reglas se encuentran dispersas y no han sido correctamente

sistematizadas en materia civil. Dicho marco se encuentra cimentado en la Ley de Firma Digital

No. 25.506 la cuale se complementa con el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código

Procesal.

No obstante, al igual que ocurre en el modelo ecuatoriano, la normativa argentina no desarrolla

de manera integral criterios técnicos uniformes sobre autenticidad, preservación y valoración

específica de medios probatorios electrónicos como chats, correos electrónicos, videos o archivos

digitales, situación que ha provocado que gran parte de los estándares aplicables hayan sido

construidos progresivamente mediante la doctrina y la jurisprudencia.

Se puede observar la semejanza en la reproducción de la prueba de manera libre, siempre que

no perturbe ni vaya en contra de la ley, muchas veces se los acepta por analogía y bajo la dirección

de los juzgadores. Sin embargo, como menciona Diotto (23) para los casos que no están previstos

por analogía se debe recurrir al artículo 378 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es

así como dentro de los magistrados de Argentina se ha creado una doctrina que realiza una

dicotomía en cuanto a la incorporación, producción y valoración de la prueba digital. Estas dos

corrientes son las de magistrados tecnoactivistas y tecnogarantista. La primera se basa

completamente en la búsqueda de la verdad objetiva jurídica que se establece en el proceso

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judicial, por lo que, el juez tiene una participación más activa en el ampliar, investigar, verificar y

confirmar las pruebas electrónicas que son adjuntadas por las partes procesales.

También Diotto (23) menciona que: “Incluso puede ordenar medidas adicionales para esclarecer

los hechos cuando aún no se ha alcanzado la convicción necesaria sobre la verdad jurídica”. Sin

duda esto da amplias facultades a los magistrados en la valoración de la prueba cuando se trata

de una fuente digital.

Por otro lado, se menciona que los magistrados que apoyan la corriente tecnogarantista

mencionan y critican la postura liberal, o como una participación activa de los jueces para la

valoración de la prueba y se inclinan más por evitar el involucrarse, ya que, puede llegar a ser

riesgoso. Consideran como una extralimitación del juez que tiene funciones concretas en su

desempeño como funcionario judicial, esto puede acarrear parcialidad y/o desequilibrio procesal.

Por otro lado, si se quieren utilizar medios como WhatsApp para incorporarlos en el proceso

judicial. Carrera (24) sobre este tema menciona: “En consecuencia, y en base a lo dispuesto por

la norma, es posible afirmar que los mensajes de Whatsapp son efectivamente documentos

electrónicos en su carácter de instrumentos particulares no firmados, debiendo ser valorados,

prima facie, bajo dicha naturaleza.” Ya que en el artículo 387 del CCCN se establecen los medios

que se catalogan como “no firmados”.

Generalmente se los puede presentar sin necesidad de la fe de un notario para ser ingresados a

un proceso judicial para acreditar los hechos que se pretenden. Bielli dice que: “Las capturas de

pantalla impresas no son prueba electrónica, sino una mera representación física materializada

en soporte papel de un hecho acaecido en el mundo virtual’’ (25). Como se puede observar esta

es una copia simple que no acredita prueba, ya que, no contienen metadatos que validar, como

tampoco tendrían cómo validar la no modificación de los documentos presentados. Este valor

debe ir encaminado a que su valor probatorio sea exclusivamente de carácter indiciario;

complementándose con otra prueba.

CONCLUSIONES

La investigación realizada ha permitido identificar que la validez formal que debe tener la prueba

digital es determinante reconocido en la legislación de Ecuador, Chile y Argentina; sin embargo,

existen diferencias importantes respecto a los mecanismos de control utilizados para garantizar

su autenticidad e integridad. La característica principal radica en el desarrollo normativo de cada

país. Así en Chile cuenta con la distinción de firmas electrónicas, lo que procesalmente es

favorable para la carga de la prueba, mientras que en legislaciones como Ecuador y Argentina

todavía presentan vacíos normativos. La principal falla se muestra en fiscalizar la inalteración de

la prueba, lo que obliga a los jueces a recurrir principalmente a la sana crítica, la doctrina y los

criterios jurisprudenciales para valorar chats, videos, correos electrónicos y demás documentos

digitales.

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http://hdl.handle.net/10045/113199.

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Existe una falta de directrices procesales que sean claras con la incorporación al proceso de la

prueba digital para evitar su alteración y sean simples copias de supuestas conversaciones por

medios digitales como WhatsApp, sino que sean sujetas a un peritaje y correspondiente cadena

de custodia para marcar de mejor manera su trazabilidad. Esto muestra una dicotomía en la

metodología judicial que es imperioso subsanar en la legislación que se ha estudiado.

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