VITALYSCIENCE REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA
publicaciones@vitalyscience.com
+593 97 911 9620
229
ISSN
3091-180X
Junio 2025
DOI
https://doi.org/10.56519/b4k4s010
https://vitalyscience.com
Vol. 3 No. 6 PP. 229-240
IMPACTO DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL
SISTEMA JUDICIAL: ANÁLISIS DE CASOS
IMPACT OF DOCUMENT FORGERY ON THE JUDICIAL
SYSTEM: A CASE ANALYSIS
Angelica Cristina Solano Arboleda
1
, Miguel Leonardo Mora Romero
2
{angecris16@hotmail.com
1
, leonardo.mora1980@gmail.com
2
}
Fecha de recepción: 11/06/2025 / Fecha de aceptación: 15/06/2025 / Fecha de publicación: 15/06/2025
RESUMEN:
1
El presente estudio analiza cómo la falsificación documental afecta al
sistema judicial ecuatoriano, al debilitar tanto la integridad probatoria como la equidad
procesal. En un entorno marcado por la creciente digitalización, que ha facilitado técnicas
más sofisticadas de falsificación, se advierte que las capacidades institucionales para
detectar y sancionar estos actos resultan insuficientes, lo que pone en riesgo principios
fundamentales como la verdad procesal. En este sentido, el problema central radica en la
aplicación desigual de la jurisprudencia ante casos similares, situación que vulnera la
seguridad jurídica y la legitimidad del sistema judicial. Por ello, el estudio tuvo como
objetivo principal analizar las sentencias emitidas entre 2015 y 2025 en Ecuador, a fin de
identificar patrones interpretativos, evaluar vacíos normativos y proponer reformas
eficaces. Para alcanzar este fin, se empleó una metodología de enfoque mixto secuencial,
combinando el análisis de 20 sentencias judiciales con entrevistas semiestructuradas a
jueces, fiscales y peritos, junto con una comparación normativa con los marcos legales de
Colombia y México. Esta estrategia permitió una comprensión más completa del
fenómeno. Como resultado, se observó que el 65 % de los casos analizados concluyó en
condenas, el 20 % en sobreseimientos y el 15 % en medidas alternativas; no obstante, se
evidenció una notable disparidad en las sanciones aplicadas, incluso en situaciones con
características similares. También se identificaron falencias como la falta de
interoperabilidad tecnológica y la ausencia de unidades especializadas, factores que
limitan la capacidad de respuesta institucional. En conclusión, la falsificación documental
no solo constituye un delito técnico, sino una amenaza estructural al Estado de derecho.
Por lo tanto, se requiere una reforma integral que incluya capacitación judicial,
digitalización con trazabilidad y una coordinación interinstitucional efectiva, para así
fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Palabras clave: Falsificación documental, justicia penal, sentencias, veracidad procesal,
derecho comparado
ABSTRACT: This study analyzes how document forgery affects the Ecuadorian judicial
system by undermining both evidentiary integrity and procedural fairness. In an
environment marked by increasing digitalization, which has facilitated more sophisticated
forgery techniques, it is noted that institutional capacities to detect and punish these acts
are insufficient, which puts at risk fundamental principles such as procedural truth. In this
sense, the central problem lies in the unequal application of jurisprudence in similar cases,
1
Universidad Nacional del Chimborazo, https://orcid.org/0009-0004-1376-9991.
2
Universidad Nacional del Chimborazo, https://orcid.org/0009-0003-5878-7766.
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a situation that undermines legal certainty and the legitimacy of the judicial system.
Therefore, the main objective of the study was to analyze the judgments issued between
2015 and 2025 in Ecuador, in order to identify interpretive patterns, evaluate normative
gaps and propose effective reforms. To achieve this end, a sequential mixed approach
methodology was employed, combining the analysis of 20 judicial sentences with semi-
structured interviews with judges, prosecutors and experts, along with a normative
comparison with the legal frameworks of Colombia and Mexico. This strategy allowed for a
more complete understanding of the phenomenon. As a result, it was observed that 65%
of the cases analyzed resulted in convictions, 20% in acquittals and 15% in alternative
measures; however, there was a notable disparity in the sanctions applied, even in
situations with similar characteristics. The lack of technological interoperability and the
absence of specialized units, factors that limit institutional response capacity, were also
identified. In conclusion, document forgery is not only a technical crime, but a structural
threat to the rule of law. Therefore, a comprehensive reform is required, including judicial
training, digitization with traceability and effective inter-institutional coordination, in
order to strengthen public confidence in the administration of justice.
Keywords: Document forgery, Criminal justice, Court rulings, Procedural truth, Comparative
legal systems
INTRODUCCIÓN
La falsificación de documentos constituye una práctica delictiva de alta complejidad que
impacta negativamente en la administración de justicia, afectando tanto la eficacia de los
procesos judiciales como la confianza ciudadana en el sistema institucional. En los últimos
años, esta modalidad delictiva ha evolucionado desde técnicas artesanales hacia
procedimientos altamente sofisticados que emplean herramientas digitales, plataformas
de edición gráfica y métodos criptográficos de simulación documental, dificultando su
detección en entornos judiciales con capacidades técnico-periciales limitadas (1, 2). Este
fenómeno no solo distorsiona el contenido probatorio de los procesos judiciales, sino que
pone en riesgo el principio de verdad procesal, uno de los pilares del debido proceso legal
(3).
La manipulación de documentos presentados como pruebas ante tribunales ya sea en
causas penales, civiles o administrativas introduce elementos apócrifos en la deliberación
judicial, comprometiendo la imparcialidad de las sentencias y generando espacios para la
impunidad (4). Esta problemática es especialmente crítica en contextos donde las
entidades estatales carecen de mecanismos de interoperabilidad para validar la
autenticidad documental en tiempo real, como ocurre en gran parte de América Latina.
Investigaciones recientes destacan que la falta de trazabilidad, la inexistencia de protocolos
periciales homologados y la desconexión entre registros civiles, notarías y fiscalías impiden
una respuesta eficaz ante este delito (5, 6).
En el caso de Ecuador, si bien el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
tipifica la falsificación de documentos como un delito autónomo, su aplicación
jurisprudencial presenta severas inconsistencias. Distintos tribunales han resuelto casos
similares con criterios disímiles, tanto en la calificación jurídica del hecho como en la
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proporcionalidad de las sanciones, evidenciando una preocupante falta de uniformidad
interpretativa (7, 8). Esta heterogeneidad afecta el principio de legalidad y la seguridad
jurídica, especialmente cuando no se dispone de peritajes documentológicos concluyentes
o cuando se infringe la cadena de custodia en el tratamiento de la evidencia (9).
Adicionalmente, se observa que el fenómeno de la falsificación documental se vincula con
otras figuras delictivas como fraude procesal, usurpación de funciones y delitos
informáticos, configurando una red delictiva que exige respuestas judiciales integrales y
multidimensionales. La literatura especializada ha advertido que estas prácticas no solo
buscan obtener beneficios individuales, sino que también pueden estar asociadas a
esquemas de corrupción estructural dentro de aparatos estatales debilitados (10). En
consecuencia, el tratamiento judicial de estos casos demanda no solo una correcta
tipificación penal, sino también una infraestructura institucional moderna, dotada de
herramientas tecnológicas avanzadas y equipos periciales multidisciplinarios (11).
Por otra parte, el impacto social de la falsificación de documentos es igualmente
alarmante. La ciudadanía percibe con desconfianza a un sistema de justicia que admite
pruebas fraudulentas, que no investiga con celeridad los hechos, o que absuelve por falta
de pruebas en casos donde existen indicios evidentes de manipulación documental. Esta
percepción socava el principio de confianza legítima y alimenta un sentimiento
generalizado de impunidad (12). Así, se debilita no solo el poder coercitivo del Estado, sino
su capacidad de garantizar justicia material en los casos en que se dirime la verdad jurídica
de los hechos.
En este escenario, el presente estudio se propone analizar de forma crítica el impacto de la
falsificación de documentos en el sistema judicial ecuatoriano entre los años 2015 y 2025,
con el objetivo de identificar patrones jurisprudenciales, evaluar la efectividad de las
disposiciones normativas vigentes, y proponer alternativas técnicas e institucionales para
fortalecer la integridad probatoria. Para ello, se adopta un enfoque metodológico mixto
que integra el análisis de veinte sentencias judiciales, entrevistas a actores clave del
sistema judicial (jueces, fiscales, peritos y abogados), y una comparación normativa con los
sistemas de justicia de Colombia y México. Esta combinación metodológica permite no solo
evaluar la realidad jurídica ecuatoriana, sino también identificar prácticas regionales
exitosas que podrían ser adaptadas al contexto nacional.
La investigación parte del supuesto de que el problema de la falsificación documental no
radica exclusivamente en vacíos normativos, sino en la débil articulación institucional, la
ausencia de interoperabilidad tecnológica y la limitada profesionalización del recurso
humano involucrado en la verificación de documentos.
1. La falsificación de documentos como delito complejo y transnacional
La falsificación de documentos es definida doctrinalmente como la acción de crear, alterar,
simular o manipular total o parcialmente un documento con el fin de atribuirle una
apariencia de autenticidad que no posee, afectando con ello la fe pública y la seguridad
jurídica (14). Este delito no se limita a la producción física de documentos fraudulentos,
sino que también comprende prácticas como la suplantación digital, el uso de identidades
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ficticias y la clonación de certificados electrónicos, ampliando así su alcance a escenarios
cibernéticos y administrativos (15).
En el contexto latinoamericano, se reconoce su carácter transnacional, al estar vinculado a
redes delictivas que operan en diferentes jurisdicciones mediante la circulación de
documentos fraudulentos en trámites migratorios, académicos, notariales y judiciales (16).
Esta multidimensionalidad ha llevado a calificarlo como un delito estructural, por su
capacidad de alterar de manera sistemática las bases documentales sobre las cuales se
sostienen las decisiones estatales, incluidas las resoluciones judiciales.
Ecuador, a través del artículo 328 del COIP, sanciona la falsificación de documentos
públicos o privados con penas privativas de libertad que varían entre tres y cinco años,
según la naturaleza del documento y las circunstancias agravantes. Sin embargo, como se
evidenciará en el análisis de sentencias, la tipificación legal resulta insuficiente si no se
acompaña de herramientas técnicas, protocolos periciales actualizados y una
interpretación judicial uniforme (17).
2. La relevancia crítica de las pruebas documentales en el proceso judicial
Las pruebas documentales tienen un valor privilegiado en los procesos judiciales,
especialmente en procedimientos de carácter escrito o mixto, donde la documentación se
convierte en el eje sobre el cual gira la demostración de los hechos alegados por las partes
(18). La doctrina procesal considera que la prueba documental posee una fuerza intrínseca
derivada de su objetividad, permanencia y posibilidad de verificación. No obstante, esta
presunción de autenticidad puede ser instrumentalizada cuando se introducen
documentos falsos en el expediente, lo cual compromete la imparcialidad del juzgador y el
equilibrio de las partes (19).
En delitos de acción penal pública, como el fraude procesal o la falsedad ideológica, la
validez de los documentos determina la existencia del delito mismo. Por ello, la
autenticidad de las pruebas debe ser protegida mediante mecanismos de validación
preventiva, peritajes técnicos inmediatos y trazabilidad institucional. La Corte
Constitucional ecuatoriana ha reiterado en su jurisprudencia la obligación del Estado de
garantizar procesos judiciales basados en la verdad procesal sustancial, conforme al
artículo 169 de la Constitución (20).
En este sentido, la introducción de documentos apócrifos no solo distorsiona la verdad de
los hechos, sino que puede derivar en la vulneración de derechos fundamentales como la
tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia o el debido proceso (21).
3. Respuestas legales, operativas y policiales ante la falsificación
El marco legal ecuatoriano contempla la persecución de la falsificación documental como
un delito autónomo, pero también como una circunstancia agravante en otras figuras
penales como el abuso de funciones (art. 285 COIP) y el fraude procesal (art. 272 COIP). Sin
embargo, la efectividad de las normas está condicionada a la capacidad del sistema de
justicia para detectar, comprobar y sancionar el delito, lo cual exige no solo pericia jurídica,
sino una coordinación operativa efectiva entre fiscalías, judicatura, policía judicial, registro
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civil y entidades emisoras de documentos (22).
Investigaciones empíricas revelan que, en muchos casos, las instituciones carecen de
unidades especializadas permanentes para el análisis documental forense, lo que ralentiza
el proceso investigativo y disminuye la calidad probatoria de los informes periciales (23). La
falta de interoperabilidad entre bases de datos estatales (como notarías, SENESCYT,
Ministerio de Salud, Consejo Nacional Electoral) impide verificar la autenticidad
documental en tiempo real, lo que debilita la capacidad de respuesta inmediata ante este
tipo de delitos (24).
La experiencia comparada en países como Colombia y México demuestra que la existencia
de fiscalías especializadas en delitos contra la fe pública, el uso de sistemas de validación
en línea y la implementación de archivos digitales trazables permiten una persecución más
eficaz del delito y la protección efectiva de la prueba documental (25).
4. Implicaciones sociales, económicas y democráticas de la falsificación documental
Más allá de sus efectos en el proceso judicial, la falsificación de documentos tiene
consecuencias sistémicas. En primer lugar, debilita la confianza ciudadana en la capacidad
del Estado para impartir justicia de manera imparcial y veraz, lo que afecta el capital social
y la legitimidad institucional (26). En segundo lugar, genera impactos económicos al
incrementar los costos de verificación documental, reducir la eficiencia administrativa y
provocar litigios innecesarios derivados de pruebas fraudulentas (27).
A nivel democrático, la falsificación de documentos representa una amenaza al principio de
igualdad ante la ley, pues facilita el acceso fraudulento a cargos públicos, beneficios
económicos o títulos académicos sin mérito real, desplazando a quienes sí cumplen con los
requisitos legales (28). Por ello, abordar este delito no solo es una cuestión penal o técnica,
sino también una política pública de protección del Estado de Derecho. Bajo esta premisa,
el estudio pretende generar evidencia empírica y teórica que sirva de base para el diseño
de reformas estructurales orientadas a garantizar la veracidad de las pruebas, la
transparencia procesal y la confianza ciudadana en el sistema de justicia ecuatoriano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación adopta un enfoque metodológico mixto secuencial explicativo, articulando
componentes cuantitativos (análisis documental de sentencias) y cualitativos (entrevistas
semiestructuradas y comparación normativa internacional), lo que permite obtener una
visión integral del fenómeno de la falsificación de documentos en el sistema judicial
ecuatoriano entre 2015 y 2025.
1. Análisis documental de sentencias judiciales
La primera fase consistió en la recolección y análisis de 20 sentencias judiciales
ejecutoriadas, emitidas entre 2015 y 2025 en diversas provincias del Ecuador, incluyendo
Pichincha, Guayas, Azuay, Loja, Imbabura, Manabí, y El Oro. La muestra fue seleccionada
mediante muestreo intencional no probabilístico, bajo los siguientes criterios de inclusión:
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• Que la sentencia trate delitos tipificados como falsificación de documentos (Art. 328
COIP y conexos);
• Que la decisión haya sido definitiva y publicada en portales oficiales (Función
Judicial, base de datos Lexis, etc.);
• Que el caso represente diversidad documental (académica, identidad, catastral,
laboral, sanitaria, etc.).
La elección de 20 casos responde al criterio de saturación teórica, ampliamente aceptado
en estudios jurídicos cualitativos, pues se considera suficiente para identificar patrones
interpretativos, tipologías delictivas, técnicas de falsificación, e inconsistencias
jurisprudenciales, sin comprometer la profundidad analítica. Además, la dispersión
geográfica de los casos permite captar diferencias regionales en la administración de
justicia y en la aplicación normativa.
Cada sentencia fue codificada y analizada a partir de una matriz de categorías, incluyendo:
• Tipo de documento falsificado y técnica empleada;
• Normas invocadas y artículo principal aplicado;
• Existencia y calidad de los informes periciales;
• Decisión judicial final y motivación argumentativa;
• Impacto del documento falsificado en la resolución del caso.
Esta fase se desarrolló entre enero y febrero de 2025, y sus hallazgos fueron utilizados
como insumo para formular los guiones de entrevistas y estructurar la discusión analítica
del estudio.
2. Entrevistas semiestructuradas a operadores judiciales
La segunda fase comprendió la realización de 12 entrevistas semiestructuradas entre
marzo y abril de 2025, dirigidas a actores clave del sistema judicial ecuatoriano,
seleccionados por su participación directa en causas relacionadas con falsificación
documental. El detalle de los entrevistados es el siguiente:
• 4 jueces de garantías penales;
• 3 fiscales provinciales;
• 3 peritos documentólogos judiciales;
• 2 abogados litigantes (uno defensor público y uno acusador particular).
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Las entrevistas se diseñaron con base en un esquema semiestructurado para permitir
flexibilidad discursiva, sin perder el enfoque en los siguientes ejes temáticos:
• Dificultades en la detección de falsificaciones;
• Valoración probatoria de documentos cuestionados;
• Rol de los peritajes documentológicos en el fallo judicial;
• Criterios jurisprudenciales aplicados;
• Sugerencias para mejorar los mecanismos de verificación documental.
La temporalidad fue cuidadosamente establecida: las entrevistas se realizaron después del
análisis documental, de modo que las preguntas pudieran profundizar sobre los hallazgos
previos y buscar explicación directa de las decisiones judiciales observadas. Las entrevistas
fueron grabadas, transcritas y analizadas mediante análisis temático inductivo, utilizando
software Atlas.ti para codificación abierta, axial y categorial.
3. Comparación normativa y jurisprudencial internacional
La tercera fase correspondió a una revisión comparativa de normas, estructuras
institucionales y prácticas judiciales de Colombia y México, países seleccionados por su
desarrollo normativo y técnico en la persecución del delito de falsificación documental. Se
utilizaron fuentes primarias (códigos penales, sentencias, manuales de fiscalías) y literatura
académica reciente.
El objetivo de esta fase fue triple:
• Identificar diferencias en la tipificación penal y escalas sancionatorias;
• Evaluar la existencia y eficacia de unidades especializadas y tecnologías de
verificación;
• Contrastar los criterios jurisprudenciales en relación con el valor probatorio y
exclusión de documentos falsos.
Este componente permitió contextualizar los hallazgos nacionales en un entorno regional,
identificar buenas prácticas transferibles y sustentar propuestas de reforma estructural y
normativa para el sistema judicial ecuatoriano.
RESULTADOS
ANÁLISIS DETALLADO DE SENTENCIAS JUDICIALES ECUATORIANAS (2015–2025)
La revisión de 20 sentencias judiciales ejecutoriadas entre 2015 y 2025, obtenidas de la
Función Judicial del Ecuador y seleccionadas por su relevancia y diversidad regional,
permitió identificar patrones comunes, inconsistencias interpretativas y brechas en la
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aplicación del artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los casos abarcaron
un amplio espectro documental, incluyendo títulos académicos, cédulas de identidad,
certificados médicos, registros académicos, contratos privados, pasaportes, entre otros.
Tabla 1: Tabla de Sentencias Judiciales 2015–2025.
N°
N° de Sentencia /
Año
Tipo de Documento
Falsificado
Técnica de
Falsificación
Resultado Judicial
1
01232-2016
Título profesional
Edición digital
Condena 4 años
2
04218-2020
Cédula de identidad
Suplantación
Absolución
3
09356-2019
Contrato privado
Firma digitalizada
Condena 3 años
4
02674-2022
Certificado catastral
Impresión falsa
Condena 5 años
5
07842-2023
Certificado médico
Alteración manual
Medida
alternativa
6
10122-2015
Escritura notarial
Escaneo alterado
Condena 2 años
7
04598-2017
Certificado de votación
Inserción de datos
Condena 3 años
8
06214-2018
Factura comercial
Duplicado
fraudulento
Sobreseimiento
9
03485-2020
Carné de discapacidad
Modificación de
datos
Condena 4 años
10
05671-2021
Título de bachiller
Falsificación por
software
Multa
11
08845-2023
Acta de nacimiento
Emisión paralela
Condena 5 años
12
01478-2022
Licencia de conducir
Falsificación física
Condena 3 años
13
06789-2021
Pasaporte
Copia ilegítima
Sobreseimiento
14
04512-2024
Registro académico
Edición de original
Condena 4 años
15
07891-2023
Constancia de trabajo
Plantilla clonada
Medida
alternativa
16
09874-2020
Boleta de pago
Manipulación de
sellos
Condena 2 años
17
03214-2017
Formulario judicial
Edición PDF
Condena 1 año
18
06587-2018
Permiso ambiental
Sello apócrifo
Sobreseimiento
19
07458-2019
Resolución
administrativa
Número serial
duplicado
Condena 4 años
20
08752-2025
Copia certificada
Calco de firma
Condena 3 años
El análisis de las veinte sentencias judiciales recopiladas entre los años 2015 y 2025
permitió identificar patrones significativos en torno a la naturaleza de los documentos
objeto de falsificación, las técnicas empleadas, así como la respuesta del sistema judicial
ante estos delitos. Los documentos más recurrentemente falsificados fueron aquellos
relacionados con la identidad personal y la acreditación académica, tales como cédulas de
ciudadanía, títulos de bachiller y títulos profesionales. Estas categorías concentraron un
35% del total de casos, lo que refleja su alta vulnerabilidad y su valor funcional dentro del
aparato estatal y social. La elección de estos documentos por parte de los infractores
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responde a su utilidad estratégica en el acceso a oportunidades laborales, educativas,
licitaciones públicas, beneficios estatales e incluso procesos migratorios, elevando así su
atractivo para fines ilícitos.
En cuanto a las técnicas de falsificación utilizadas, se evidenció un predominio del uso de
herramientas digitales. El 40% de los casos involucró edición electrónica avanzada,
particularmente de archivos PDF, escaneos alterados y manipulaciones gráficas. El 15%
correspondió a falsificación de firmas, ya sea mediante calco físico, reproducción digital o
montaje sobre imágenes auténticas. El 45% restante combinó técnicas híbridas, articulando
el uso de software de edición con la impresión de documentos y la adición de sellos o
membretes fraudulentos. Esta convergencia de métodos físicos y digitales ilustra la
evolución del fenómeno hacia formas más complejas, difíciles de detectar sin una
infraestructura técnica adecuada y sin peritajes altamente especializados.
En el ámbito judicial, los resultados muestran una respuesta heterogénea. El 65% de las
sentencias culminaron en condenas, con penas que oscilaron entre uno y cinco años de
privación de libertad, aplicando predominantemente el artículo 328 del Código Orgánico
Integral Penal (COIP), correspondiente al delito de falsificación y uso de documento falso.
En contraste, el 20% de los casos fue sobreseído o resultó en absoluciones, atribuidas en su
mayoría a deficiencias procesales tales como rupturas en la cadena de custodia, ausencia
de peritajes técnico-documentales, o incongruencias probatorias. Finalmente, en el 15% de
los casos se aplicaron medidas alternativas, como multas o mecanismos sustitutivos a la
pena privativa de libertad, amparadas bajo el principio de mínima intervención penal
contemplado en el artículo 5 del COIP, cuyo objetivo es privilegiar medidas proporcionales
en delitos de menor impacto social.
No obstante, uno de los hallazgos más inquietantes del estudio es la disparidad en la
interpretación judicial frente a hechos comparables. Existen casos que, pese a compartir
características sustantivas en cuanto al tipo de documento falsificado, el modus operandi y
las circunstancias contextuales, recibieron sanciones notablemente distintas. A modo
ilustrativo, en el caso 01232-2016, la falsificación de un título profesional mediante
herramientas de edición digital derivó en una condena de cuatro años de reclusión,
mientras que en el caso 05671-2021, la falsificación de un título de bachiller ejecutada con
software de similar capacidad técnica fue sancionada exclusivamente con una multa
administrativa. Este tipo de disparidades no solo pone en evidencia la ausencia de criterios
uniformes para valorar la gravedad del delito, sino que revela una preocupante
subjetividad judicial al momento de determinar la sanción, sin que medie un marco
normativo suficientemente claro sobre los factores agravantes o atenuantes a considerar.
Tal inconsistencia en la administración de justicia afecta de manera directa el cumplimiento
del principio de “verdad procesal”, consagrado en el artículo 169 de la Constitución de la
República del Ecuador, el cual exige que toda actuación judicial se base en la búsqueda de
la verdad como garantía de justicia material. Cuando las decisiones judiciales se tornan
impredecibles frente a conductas similares, se vulnera el principio de igualdad ante la ley,
se debilita la seguridad jurídica y se erosiona la confianza pública en el sistema de justicia.
A largo plazo, esta falta de homogeneidad interpretativa obstaculiza la consolidación de un
marco penal coherente, capaz de disuadir de forma eficaz la comisión de delitos
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documentales.
COMPARACIÓN INTERNACIONAL CON BASE NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL
Con el propósito de enriquecer el análisis del fenómeno de la falsificación de documentos
dentro del sistema judicial ecuatoriano, se desarrolló una comparación sistemática con dos
países latinoamericanos que han desarrollado marcos legales e institucionales robustos en
torno a este tipo de delito: Colombia y México. Esta comparación no se limita únicamente a
los aspectos normativos, sino que incluye también prácticas institucionales, mecanismos de
control probatorio, herramientas tecnológicas de verificación documental y criterios
jurisprudenciales que orientan la valoración de la prueba en los procesos judiciales. En este
contexto, la tabla que se presenta a continuación resume los principales elementos que
permiten identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora del sistema
ecuatoriano frente a modelos regionales de referencia.
Tabla 2: Comparación internacional con base normativa y jurisprudencial.
Criterio
Ecuador
Colombia
México
Norma penal
principal
Art. 328 del COIP:
Falsificación de
documentos públicos o
privados.
Art. 287 del Código Penal: Falsificación
de documento público (4 a 12 años de
prisión).
Art. 243 del Código Penal
Federal: Pena de 4 a 8 años
y multa por falsificar
documentos públicos.
Normas
procesales clave
COIP y Código Orgánico
General de Procesos
(COGEP).
Ley 906 de 2004 (Código de
Procedimiento Penal): regula medios
probatorios digitales y peritajes.
Código Nacional de
Procedimientos Penales y
Ley General de Archivos
(2018).
Herramientas de
verificación
Verificación manual o
peritaje documental. No
hay interoperabilidad entre
Registro Civil, Judicatura y
Fiscalía.
Verificación digital directa con la
Registraduría Nacional del Estado Civil
y sistemas del CTI.
Acceso judicial a CURP y
sistemas blockchain
notariales en algunas
fiscalías.
Unidades
especializadas
No existen unidades
permanentes contra delitos
documentales.
Unidad Especial contra Delitos contra la
Fe Pública (Fiscalía General) y
protocolos de investigación del CTI.
Fiscalías estatales con áreas
periciales en informática
forense y grafoscopía.
Jurisprudencia
relevante
Interpretación variable.
Casos similares reciben
sentencias dispares.
Corte Suprema: Documento debe ser
contrastado con fuente oficial en
tiempo real (Rad.
110016000253201880194).
SCJN: Documento sin
respaldo verificable no
puede ser admitido como
prueba (Tesis aislada 1a.
XXXVIII/2017).
Trazabilidad
documental
Limitada, sin registros
digitales obligatorios ni
trazabilidad sistematizada.
Exigencia de trazabilidad electrónica
mediante archivo judicial digital.
Documentación oficial
obligatoriamente
digitalizada y rastreable
(Ley General de Archivos).
Principales
deficiencias
Falta de tecnología, escasa
formación técnica, baja
articulación institucional.
Sobrecarga en algunos órganos, pero
alto nivel de especialización técnica y
digital.
Avances tecnológicos
dispares entre estados,
pero marco normativo
consolidado a nivel federal.
Fortalezas
observadas
Marco legal básico
suficiente; requiere
fortalecimiento técnico.
Integración interinstitucional y
jurisprudencia protectora de la fe
pública.
Avances normativos y
tecnológicos permiten
control preventivo y
sanción efectiva en
documentos falsificados.
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La revisión comparativa de los marcos jurídicos, institucionales y técnicos de Colombia y
México permite establecer que, si bien Ecuador cuenta con una normativa penal básica
para sancionar la falsificación de documentos (art. 328 COIP), persisten notorias
deficiencias operativas y estructurales que comprometen la eficacia del sistema. En
contraste, tanto Colombia como México han trascendido el enfoque meramente punitivo,
implementando sistemas integrados de validación documental, interoperabilidad
institucional y especialización pericial.
Colombia ha articulado sus esfuerzos mediante la integración del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) con la Fiscalía General, apoyándose en el uso de bases de datos civiles y
criminales en línea, lo cual ha sido respaldado por jurisprudencia vinculante de la Corte
Suprema que exige el cotejo documental inmediato con fuentes oficiales. México, por su
parte, ha desarrollado un marco legal innovador mediante la Ley General de Archivos, que
obliga a digitalizar y trazar cada documento público, además de permitir que las fiscalías
accedan a bases de datos de identidad ciudadana como la CURP, y que, en algunos estados,
utilicen tecnologías disruptivas como el blockchain notarial para certificar documentos.
En Ecuador, en cambio, la verificación de documentos falsos depende casi exclusivamente
de informes periciales, los cuales suelen estar centralizados, saturados y sin el apoyo de
una infraestructura tecnológica interoperable. La ausencia de una unidad especializada
permanente dentro de la Fiscalía, la falta de articulación entre el Registro Civil, el Consejo
de la Judicatura y la Policía Judicial, así como la inconsistencia en los criterios
sancionadores judiciales, dificultan la lucha efectiva contra este delito.
Por tanto, la experiencia internacional demuestra que una respuesta eficaz frente a la
falsificación documental requiere no solo una legislación clara, sino también una
institucionalidad articulada, tecnología interoperable, trazabilidad documental y formación
especializada continua. Estos elementos, ausentes o limitadamente desarrollados en el
contexto ecuatoriano, deben convertirse en ejes estratégicos para fortalecer la
administración de justicia y garantizar la integridad de las pruebas dentro del proceso
judicial.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en este estudio confirman que la falsificación documental no es un
fenómeno aislado, sino un problema estructural que compromete gravemente la integridad
del sistema judicial ecuatoriano. En particular, se identificó que los documentos personales y
académicos representan el 35 % de los objetos falsificados, lo cual es consistente con lo
señalado por (1) y (15), quienes advierten sobre la alta exposición de estos documentos
debido a su uso frecuente en procesos administrativos, judiciales y laborales. Esta
coincidencia permite reafirmar que los espacios burocráticos con controles débiles son
particularmente propensos a la infiltración de documentos apócrifos, afectando no solo la
legalidad de los procedimientos, sino también la confianza institucional.
Asimismo, la marcada disparidad en las sentencias judiciales, aun frente a hechos con
elementos probatorios similares, pone en evidencia una preocupante falta de criterios
unificados por parte de los operadores de justicia. Esta situación fue particularmente notoria
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en la aplicación del artículo 328 del COIP, cuya interpretación varió significativamente entre
jueces, lo cual refuerza lo expuesto por (8) y (17) sobre la necesidad de guías
jurisprudenciales claras que garanticen la equidad procesal. Tal variabilidad no solo afecta la
coherencia del sistema judicial, sino que, como afirman (4), puede derivar en decisiones
arbitrarias, aumentando el riesgo de impunidad y debilitando la legitimidad del sistema en
su conjunto.
Otro hallazgo relevante fue que el 20 % de los casos culminaron en sobreseimientos debido
a la ausencia de peritajes técnicos o a interrupciones en la cadena de custodia de las
evidencias. Esta deficiencia institucional coincide con los planteamientos de (9) y (11),
quienes señalan que la escasa disponibilidad de peritos especializados, junto con la débil
infraestructura de manejo probatorio, limita la capacidad del Estado para investigar y
sancionar adecuadamente estos delitos. La falta de protocolos claros y la inexistencia de
mecanismos de trazabilidad digital también fueron factores recurrentes que dificultaron la
persecución penal efectiva.
Finalmente, el contraste con los sistemas judiciales de Colombia y México refuerza lo
argumentado por (25) respecto a la necesidad de un modelo de gestión articulado, basado
en la interoperabilidad tecnológica y la coordinación interinstitucional. Mientras en estos
países se han implementado plataformas digitales que permiten verificar en tiempo real la
autenticidad documental y rastrear su historial, en Ecuador persiste una excesiva
dependencia de pericias manuales e informes aislados, sin respaldo de una infraestructura
tecnológica integral. Esta brecha tecnológica no solo retrasa los procesos judiciales, sino que
también incrementa la posibilidad de error humano y fomenta la revictimización de las
partes afectadas.
En conjunto, estos resultados subrayan la urgencia de emprender reformas normativas,
procedimentales y tecnológicas que permitan al sistema judicial ecuatoriano enfrentar con
mayor eficacia el fenómeno de la falsificación documental, fortaleciendo así el principio de
verdad procesal y la confianza ciudadana en la justicia.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos a partir del análisis de las veinte sentencias judiciales entre los
años 2015 y 2025 evidencian que la falsificación de documentos constituye un problema
estructural dentro del sistema judicial ecuatoriano, afectando de forma directa la
credibilidad, equidad y legalidad de los procesos. Se identificaron patrones claros en cuanto
a los tipos de documentos más comúnmente falsificados, siendo predominantes los de
identidad y acreditación académica, lo cual evidencia que este delito está relacionado tanto
con el acceso a oportunidades laborales y educativas como con la intención de manipular
procesos judiciales. Asimismo, las técnicas empleadas especialmente las digitales ponen de
manifiesto una evolución en los métodos delictivos que supera las capacidades actuales de
verificación y control institucional, confirmando así la necesidad urgente de actualizar y
fortalecer los mecanismos de detección y prevención desde el ámbito judicial y técnico
forense.
En relación con la aplicación normativa, se observó que, si bien el artículo 328 del COIP
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proporciona una base legal para la sanción de este delito, su aplicación ha sido
inconsistente, con criterios judiciales dispares frente a conductas similares y un uso
limitado de agravantes previstas por otras disposiciones como los artículos 285 (abuso de
funciones) o 272 (fraude procesal). Esta situación revela una falta de homogeneidad
interpretativa que atenta contra la seguridad jurídica, y que se ve agravada por la ausencia
de herramientas interinstitucionales interoperables para validar la autenticidad de
documentos en tiempo real. En este sentido, el objetivo de evaluar cómo la falsificación de
pruebas impacta el resultado de los procesos judiciales se cumplió de manera integral, ya
que quedó evidenciado que en el 35% de los casos los resultados se vieron determinados
por la disponibilidad o no de pruebas periciales especializadas, o por deficiencias en la
cadena de custodia.
Finalmente, el contraste internacional realizado con los sistemas judiciales de Colombia y
México permitió cumplir el objetivo de proponer medidas de mejora institucional basadas
en modelos de referencia eficaces. En estos países, la existencia de legislación
complementaria, unidades especializadas, acceso a bases oficiales y jurisprudencia
consolidada ha demostrado ser un factor determinante para la prevención y sanción
oportuna de la falsificación documental. Esta comparación permitió destacar que el
sistema judicial ecuatoriano carece de una infraestructura normativa-tecnológica
integrada, lo cual limita su capacidad de respuesta ante la sofisticación creciente de este
delito. Por tanto, la presente investigación reafirma la necesidad de reformas estructurales,
tanto en el ámbito normativo como en el organizacional, que garanticen la veracidad
probatoria, la equidad procesal y la confianza ciudadana en la justicia.
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