Impacto de la falsificación de documentos en el sistema judicial: análisis de casos
DOI:
https://doi.org/10.56519/b4k4s010Palabras clave:
Falsificación documental, justicia penal, sentencias, veracidad procesal, derecho comparado, Document forgery, Criminal justice, Court rulings, Procedural truth, Comparative legal systemsResumen
El presente estudio analiza cómo la falsificación documental afecta al sistema judicial ecuatoriano, al debilitar tanto la integridad probatoria como la equidad procesal. En un entorno marcado por la creciente digitalización, que ha facilitado técnicas más sofisticadas de falsificación, se advierte que las capacidades institucionales para detectar y sancionar estos actos resultan insuficientes, lo que pone en riesgo principios fundamentales como la verdad procesal. En este sentido, el problema central radica en la aplicación desigual de la jurisprudencia ante casos similares, situación que vulnera la seguridad jurídica y la legitimidad del sistema judicial. Por ello, el estudio tuvo como objetivo principal analizar las sentencias emitidas entre 2015 y 2025 en Ecuador, a fin de identificar patrones interpretativos, evaluar vacíos normativos y proponer reformas eficaces. Para alcanzar este fin, se empleó una metodología de enfoque mixto secuencial, combinando el análisis de 20 sentencias judiciales con entrevistas semiestructuradas a jueces, fiscales y peritos, junto con una comparación normativa con los marcos legales de Colombia y México. Esta estrategia permitió una comprensión más completa del fenómeno. Como resultado, se observó que el 65 % de los casos analizados concluyó en condenas, el 20 % en sobreseimientos y el 15 % en medidas alternativas; no obstante, se evidenció una notable disparidad en las sanciones aplicadas, incluso en situaciones con características similares. También se identificaron falencias como la falta de interoperabilidad tecnológica y la ausencia de unidades especializadas, factores que limitan la capacidad de respuesta institucional. En conclusión, la falsificación documental no solo constituye un delito técnico, sino una amenaza estructural al Estado de derecho. Por lo tanto, se requiere una reforma integral que incluya capacitación judicial, digitalización con trazabilidad y una coordinación interinstitucional efectiva, para así fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Abstract
This study analyzes how document forgery affects the Ecuadorian judicial system by undermining both evidentiary integrity and procedural fairness. In an environment marked by increasing digitalization, which has facilitated more sophisticated forgery techniques, it is noted that institutional capacities to detect and punish these acts are insufficient, which puts at risk fundamental principles such as procedural truth. In this sense, the central problem lies in the unequal application of jurisprudence in similar cases, a situation that undermines legal certainty and the legitimacy of the judicial system. Therefore, the main objective of the study was to analyze the judgments issued between 2015 and 2025 in Ecuador, in order to identify interpretive patterns, evaluate normative gaps and propose effective reforms. To achieve this end, a sequential mixed approach methodology was employed, combining the analysis of 20 judicial sentences with semi-structured interviews with judges, prosecutors and experts, along with a normative comparison with the legal frameworks of Colombia and Mexico. This strategy allowed for a more complete understanding of the phenomenon. As a result, it was observed that 65% of the cases analyzed resulted in convictions, 20% in acquittals and 15% in alternative measures; however, there was a notable disparity in the sanctions applied, even in situations with similar characteristics. The lack of technological interoperability and the absence of specialized units, factors that limit institutional response capacity, were also identified. In conclusion, document forgery is not only a technical crime, but a structural threat to the rule of law. Therefore, a comprehensive reform is required, including judicial training, digitization with traceability and effective inter-institutional coordination, in order to strengthen public confidence in the administration of justice.